El especialista en derecho internacional Albert Pont da claves a 'Delenda est Hispania' sobre los pasos a seguir al día siguiente de proclamar el Estado propio
Los activos del Estado español en el territorio pasarían al catalán, y se constituiría una conferencia internacional para repartir la deuda
El proceso podría conllevar incluso la disolución de España
¿Cómo se debe concretar la independencia de Cataluña? Y al día siguiente, ¿qué pasará? Qué mecanismos se activarían? Vista la actual ola soberanista, y probablemente más aún a partir de la gran marcha del martes, preguntas que hasta hace poco entraban en el terreno de la política-ficción cada vez se las plantean más catalanes. Claro que, como ha advertido el propio presidente Mas esta semana, llegado el caso no será un proceso fácil, y habrá muchos obstáculos a superar y cuestiones por aclarar. Cuestiones a las que el Círculo Catalán de Negocios (CCN) ha intentado avanzar con la inminente publicación del estudio Delenda est Hispania , obra del especialista en derecho internacional Albert Pont.
Son muchos los interrogantes a los que el libro intenta dar respuesta, o al menos ofrecer orientación. De entrada, Puente explica que el derecho internacional, que prevalece sobre la legislación del estado matriz en caso de secesión, no prevé una única vía para iniciar el proceso, aunque sí que fija dos mínimos a cumplir: legitimidad histórica y democrática. "Es decir, que en algún momento deben intervenir las urnas", aclara, sea a través de un referéndum de autodeterminación, sea para aprobar la Constitución del nuevo Estado que haya declarado el Parlamento. Incluso para empujarlo a hacerlo, el jurista prevé la fórmula que los ayuntamientos convoquen consultas oficiales y que, si gana el sí , hagan sus declaraciones de independencia para instar entonces el Parlamento a iniciar un proceso constituyente para dotar de una carta magna catalana.
16.500 millones para empezar
Es obvio que no son temas nada menores, pero en todo caso no son el principal objeto del estudio. Aquí el quid es, como en cualquier pareja que se divorcia, como se reparten los bienes e inician la nueva vida separados.De entrada, amparándose en casos previos y cálculos de la propia Generalitat, se abriría un período de transición de un trimestre en el que se necesitarían unos 5.500 millones mensuales básicamente para pagar el gasto corriente: nóminas, pensiones y prestaciones. "A partir del cuarto mes la maquinaria recaudatoria ya funcionaría normalmente, pero entretanto habría que asegurar liquidez, recurriendo en parte a la deuda", apunta Pont. Una deuda, eso sí, que avala fácilmente con bienes propios, porque la legislación internacional prevé que todos los activos físicos que España tiene en Cataluña (edificios, carreteras, vías, aeropuertos, espacio radioeléctrico, etc.) Pasarían a el Estado catalán sin ninguna contraprestación.
Tabla multilateral por la deuda
En paralelo, habría constituir una conferencia multilateral para repartir la deuda del Estado español, con representación española, catalana (y vasca si cogieran el mismo camino) y un "mediador internacional", que podría ser la propia Unión Europea o un delegado de los principales acreedores, tales como incluso el FMI."Según la legislación es imposible que sea un proceso bilateral", deja claro Pont. Entonces dependerá de las conversaciones, si bien el libro sugiere cuáles serían los escenarios razonables. De entrada, además de los 42.000 millones que ya arrastra ahora la Generalitat, Cataluña debería asumir el 100% de la deuda generado por inversiones del Estado en el territorio (por ejemplo, por la T1 de El Prat), y el 0% del generado fuera, así como entre un 16% y un 19% (según si se pondera por peso de la población o del PIB) de la deuda no territorializable. Es decir, de inversiones y gastos en asuntos extranjeros, defensa, casa real ... "Es claro que, a cambio de asumirlo, también deberían darnos la cantidad proporcional de estos activos", recuerda Pont. Por ejemplo, un grupo de embajadas, o incluso aviones militares.
El estudio también reconoce que la comunidad internacional podría rechazar ese trato al ver "que no cobraría nunca la parte española". Entonces, según Puente, Cataluña podría negociar quedarse una parte de la deuda generada por inversiones en otros territorios, en lo que podría interpretarse como un último gesto de solidaridad o, simplemente, como la "compra de la independencia". Eso sí, a cambio de asumir o gestionar recursos que serían españoles, como por ejemplo incluso el aeropuerto de Barajas.
En todo caso, cree que el Estado catalán tiene triunfos para negociar, ya que también podría reclamar la parte proporcional de las multinacionales españolas privatizadas en los últimos años, incorporándose a su accionariado bajo la amenaza de nacionalizar servicios como la red eléctrica, la telefónica o la de gas."Tenemos mucha artillería y al final se trata de negociar ", apunta Pont, que recuerda otro punto que sería clave: el Estado español debería quedar todo su deuda actual mientras no reconociera el Estado catalán, y lo mismo pasaría con los acreedores internacionales.
Disolución de España?
El libro plantea otro interrogante aún más inquietante para España: su posible disolución. "De entrada, no debería ser así por el peso demográfico y económico de Cataluña, pero el Estado español se conformó en 1716 con el Decreto de Nueva Planta y la anexión del Reino de Cataluña y Aragón al de Castilla, y en consecuencia ahora se disolvería ", explica Pont. Y llegados aquí, según él, la misma voluntad española de aguar las aspiraciones catalanas y vascas con la conformación del estado de las autonomías se le podría girar en contra."Al igual que hizo Rusia con la Unión Soviética, un territorio se puede reclamar heredero del estado matriz, pero en este caso hay diecisiete autonomías de idéntico estatus jurídico en Cataluña, y ninguna de ellas, ni siquiera Madrid, tiene suficiente peso sola para poder considerarse sucesora; deberían federarse, pero la propia Constitución lo impide! ", constata el autor. "Catalunya podría impugnar que Madrid fuera la continuadora de España, o el uso de este nombre incluso", constata. Y es que España puede poner muchas trabas políticas y económicas a un estado catalán ... "Pero nosotros también a ellos."
Parlamento o presidente.
Según el estudio, la declaración de independencia la puede hacer el presidente, si bien, para quitarle presión, recomienda que sea el Parlamento, ya que el Código Penal prevé penas de 25 años por desacato al Estado, "y no se puede obligar a nadie a asumir el riesgo ". Puente cree que Catalunya también tendría argumentación legal para "neutralizar" la acción armada prevista en un artículo 8 de la Constitución "muy interpretable".
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