Una vez señalado lo que no se puede hacer, veamos cosas que tal vez pudiéramos considerar:
Primero: observar. Las cambiantes declaraciones, plazos y propuestas de CiU y ERC demuestran su inseguridad con los pasos a dar y calan en la inquietud catalana. Cuanto más retrasen sus decisiones, que es lo que prefieren, el clima social se les hará más insostenible. Mas tiene la difícil obligación de acertar, a Rajoy le basta con la de no equivocarse.
Segundo: explicar. El presidente del Gobierno en sus comparecencias rutinarias debería lanzar algunos mensajes: a) de cariño: todos los españoles son aceptados en este país y nadie les va a impedir perseguir sus ideales aunque sean de independencia; b) de autoridad: ningún planteamiento soberanista puede perjudicar a España o a Europa basándose en el incumplimiento de la ley o de los tratados y c) de futuro: los proyectos del Estado en Cataluña –citando las cifras más significativas– seguirán materializándose como hasta ahora.
Tercero: Las respuestas que pretende dar el PP en Cataluña con el «derecho a saber» son de lo más procedentes dentro de su línea de oposición, pero inapropiadas desde el Gobierno de la Nación.
Cuarto: Poner un poco de orden. Como no se puede hacer nada hasta que la Generalidad de Cataluña incurra en actos contrarios a la ley (declaración unilateral de independencia o convocatoria de referéndum) y parece que no lo hará…, en vez de esperar a lo que no va a ocurrir, sería práctico afrontar lo ya ocurrido. Un ejemplo en materia de enseñanza: inhabilitar a los funcionarios insubordinados del Departament d´Ensenyament de la Generalitat, que tipifica el Código Penal, por incumplimientos de sentencias; y en los casos de incapacitaciones no acatadas, con agravantes y mayor razón. Seríamos más eficaces suspendiendo con determinación a esos u a otros funcionarios desleales, que apuntando al Govern cuyos ilícitos penales son por ahora calculadamente de boquilla.
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