El filósofo moral escocés del siglo XVIII, Adam Smith

El filósofo moral escocés del siglo XVIII, Adam Smith, es conocido como el “padre de la economía” y como una figura central del liberalismo clásico. A Smith se le conoce por su abogacía de mercados libres, pero también veía un papel importante para el gobierno en la sociedad, proponiendo que este fuera limitado.

A Smith se le conoce por su abogacía de mercados libres, pero también veía un papel importante para el gobierno en la sociedad, proponiendo que este fuera limitado. Smith famosamente puntualizó sobre lo que llamó los deberes legítimos del soberano en una sociedad liberal, que hoy entenderíamos como las funciones del gobierno, que para él eran tres. “El primer deber del soberano”, dice Smith, “es proteger a la sociedad de la violencia y la invasión de otras sociedades”. Traducido al lenguaje burocrático moderno, este sería el Ministerio de la Defensa Nacional. Esta función de gobierno es casi universalmente aceptada, aún por los de pensamiento muy liberal. “El segundo deber del soberano, es aquel de proteger, hasta donde sea posible, a cada miembro de la sociedad, de la injusticia y opresión de todo otro miembro de ella, o el deber de establecer un sistema exacto de administración de justicia”. Esto sería la policía, Ministerio Público y los tribunales de justicia. Esta función, el monopolio de la violencia y coerción en aras del orden y la administración de justicia es prácticamente de aceptación universal.

“El tercer y último deber del soberano o mancomunidad es erigir y mantener aquellas instituciones y obras públicas, que aun cuando puedan ser en el más alto grado ventajosas para una gran sociedad, son, sin embargo, de tal naturaleza, que la ganancia nunca podría pagar el gasto a ningún individuo, o pequeño número de individuos; y que, por tanto, no puede esperarse que algún individuo o pequeño número de individuos pudiera erigir o mantener”. En este tercer deber del soberano, Smith abre una puerta por la que podrían entrar muchas actividades de gobierno y representa, para muchos estudiosos, un “problema” para sus credenciales liberales. Sin embargo, Smith ofrece varios ejemplos y resalta tres categorías: infraestructura —especialmente la construcción de puertos, puentes y carreteras—, la educación de la juventud y la educación de personas de todas edades. Siguiendo el razonamiento de La Riqueza de las Naciones, Smith estaría de acuerdo con algún sistema de salud pública, pero no necesariamente indicaría que estas categorías debieran ser provistas de manera gratuita por el Estado.

Qué distante se está hoy de la visión de Smith, en el mundo moderno en el que se espera que el gobierno provea toda clase de servicios y beneficios, que no sería problema si no fuera porque solo puede hacerse a costa de confiscar una creciente proporción del ingreso de las personas, reducir su libertad y aumentar el poder coercitivo del Estado. Smith contemplaba un gobierno fuerte, estricto, eficiente y especializado en sus funciones. Es justo preguntarse si la visión de Smith alcanza para la complejidad de la sociedad moderna, como quizás lo es también cuestionar si el gobierno moderno no se ha distanciado demasiado de esta visión.

En gran parte, el problema de la extralimitación del Gobierno y del gasto público es un fenómeno inherente a la democracia representativa de mayorías simples, donde el poder se nutre y crece por la vía del clientelismo político. Raramente se plantean preguntas esenciales como: ¿es productivo el gasto público o, qué significa la productividad del gasto público? Tristemente, no se cuenta con métricas claras y adecuadas para responder a estas preguntas.

Recomiendo la lectura de Adam Smith, edificante para todas las edades y aplicable a todos los tiempos.

Jordi Pujol i Soley, presidente de la Generalitat de Cataluña desde 1980, nació en Barcelona el 9 de junio de 1930

Jordi Pujol i Soley, presidente de la Generalitat de Cataluña desde 1980, nació en Barcelona el 9 de junio de 1930. Se autodefine políticamente como un nacionalista catalán que cree en un modelo de democracia socialmente avanzada, al estilo de las de Europa occidental. Está casado desde 1956 con Marta Ferrusola i Lladós.
Cursó Medicina aunque no sentía una vocación especial. Al iniciar la carrera se puso en contacto con la institución cristiana Torres y Bages, que agrupaba a jóvenes nacionalistas e hizo labor de apostolado en los barrios periféricos de la ciudad cuando tenía 20 años. Participó, por iniciativa de Raimon Gali, en la creación de la institución católica «Catolics Catalans».
La primera actividad profesional de Pujol fue en los laboratorios farmacéuticos Fides Cuatrecases. La lectura de los libros ‘El sentiment de la patria’, de Maragall, y ‘Elogi de Catalunya’, de Valles y Pujals, despiertan su fervor catalanista. En 1956 participó en la huelga de tranvías de Barcelona y en la destitución del presidente de ‘La Vanguardia’, Luis de Galinsoga, cuyas declaraciones anticatalanistas provocaron gran indignación.
El 19 de mayo de 1960, el actual presidente de la Generalitat fue uno de los protagonistas del incidente del Palacio de la Música al interrumpir un concierto, al que asistían varios ministros, e iniciar con parte del público el prohibido ‘Cant de la senyera’ de Maragall. Un consejo de guerra le sentenció a siete años de prisión, de los que, beneficiado por varios indultos, sólo cumplió dos años y ocho meses en la cárcel de Zaragoza y ocho meses de confinamiento en Gerona.
A comienzos de los 60, Pujol fundó con otros financieros la Banca Catalana. Posteriormente, se lanzó a la creación del Banco Industrial de Cataluña y formó un Instituto de Estudios que analizó cuestiones de economía, cultura, aspectos sociales y de convivencia.
Con el lema «fer pais» emprendió una serie de actividades culturales, sociales, políticas y de resistencia en pro de la defensa de los valores e intereses catalanes.
Además, Jordi Pujol estuvo vinculado con otras empresas. En enero de 1977, coinciendo con la convocatoria de las elecciones constituyentes, dimitió de los cargos ejecutivos de sus empresas para dedicarse íntegramente a la política.
En noviembre de ese mismo año pronunció una conferencia en el Colegio de Abogados de Barcelona sobre el momento político español, que tuvo gran repercusión nacional. En las elecciones legislativas del 15 de junio de 1977, fue elegido diputado por Barcelona, donde trabajó al frente de su grupo parlamentario Minoría Catalana y fue vicepresidente de la Comisión de Defensa.
El primer triunfo
Volvió a ser elegido diputado en las elecciones generales del 1 de marzo de 1979, pero abandonó su escaño de diputado, en 1980, para presentarse como candidato a la presidencia de la Generalitat de Convergencia a las elecciones al Parlamento Catalán en las que obtuvo el triunfo. Jordi Pujol fue nombrado presidente de la Generalitat el 28 de abril de 1980, cargo en el que tomó posesión el 8 de mayo de ese año.
En el programa que Pujol hizo público con motivo de las elecciones destacó la importancia de la lucha contra el paro proponiendo una adecuada distribución del fondo del paro y de los fondos de ocupación. Dedicó especial atención a las empresas viables y la necesidad de dar soporte moral a la empresa y al empresario, indicando que era mayor el paro que se producía por cierre que por reconversión.
En enero y octubre de 1983 se entrevistó en Madrid con Felipe Gónzalez, presidente del Gobierno, con el que llegó a un principio de acuerdo institucional para desbloquear el tema de sobrevaloración en las transferencias autonómicas a Cataluña.
El 29 de abril de 1984, Convergencia y Unio, CiU, coalición que lidera Jordi Pujol, ganó las elecciones al Parlamento catalán, con el 46,6% de los votos, con lo que se aseguró de nuevo la presidencia de la Generalitat.
El 19 de mayo de 1984 se anunció la querella contra antiguos responsables de Banca Catalana, entre ellos Jordi Pujol, por los presuntos delitos de apropiación indebida y de falsedad en documento mercantil. El 14 de marzo de 1990 la Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona decretó el sobreseimiento definitivo del sumario abierto en 1984, tras ser resuelto un recurso de súplica presentado por los fiscales encargados del caso.
El 3 de abril de 1988, Pujol firmó el decreto de disolución del Parlamento catalán y la convocatoria de nuevas elecciones para el 29 de mayo, a las que se presentó de nuevo al frente de CiU, y en las que resultó de nuevo elegido presidente de la Generalitat con una amplia mayoría de los votos.
El 29 de enero de 1989 fue elegido presidente del partido Convergencia Democrática, en sustitución de Ramón Trías, durante el VIII Congreso del partido. Concurrió a las elecciones autonómicas del 15 de marzo de 1992 como cabeza de lista por CiU, coalición integrada por el CDC y Unión Democrática de Catalunya, UDC, en las que revalidó, por cuarta vez, la mayoría parlamentaria al conseguir 71 escaños de los 135 que componen el Parlamento catalán.
Una carrera en ascenso
El 3 de julio de 1992, fue nombrado presidente de la Asamblea de Regiones de Europa (ARE), al conseguir la mayoría absoluta, con 104 votos de los 207 emitidos, frente a los 31 de Manuel Fraga y los 72 de la francesa Marie Christine Blandin. En el IX congreso de CDC, el 18 de octubre de 1992, Jordi Pujol asumió los cargos de presidente y de secretario general de la agrupación ante la dimisión de Miguel Roca.
En las elecciones generales celebradas el 6 de junio de 1993, la coalición CIU obtuvo 18 diputados, por lo que se convirtió en una fuerza importante de apoyo a la mayoría relativa del PSOE.
En la investidura de Felipe González como presidente, la agrupación catalana emitió su voto favorable al candidato socialista. No obstante, desde CiU se ofreció apoyo y confianza hacia el PSOE, pero no coalición. Desde el gobierno autónomo de la Generalitat se iniciaron las peticiones de cesión del 15% del IRPF a las comunidades autónomas, que se consiguió el 7 de octubre de ese año.
El año 1994 fue especialmente intenso y complejo para Jordi Pujol tanto en la política española, donde su apoyo al gobierno socialista fue fundamental para su continuidad, como en Cataluña donde los casos de corrupción dañaron la imagen del ejecutivo catalán.
Pujol cumplió los 15 años al frente de la Generalitat, en mayo de 1995, convertido en uno de los políticos españoles más influyentes, en árbitro de la política nacional y, con 17 representantes de CiU en el Congreso de los Diputados, en el soporte del gobierno socialista.
En las eleccionesd autonómicas de 1995, CiU perdió cinco puntos y 10 diputados con respecto a los anteriores comicios autonómicos. A pesar de los resultados obtenidos, Jordi Pujol consiguió ser investido.
El año 1996 estuvo marcado por las elecciones generales de marzo, en las que CiU consiguió 16 diputados, el cambio de gobierno y el necesario pacto de gobernabilidad entre Pujol y Aznar. Pujol afirmó que este acuerdo iba más allá de los compromisos conseguidos con el PSOE en materia autonómica. Aseguró que representaba un progreso en la mejora de la financiación de las comunidades con la cesión del 30 % del IRPF y afianzaba también el proceso de normalización lingüística y el despliegue de la policía autonómica.

Sin embargo, estas relaciones pasaron por momentos de cierta tensión: en noviembre de 1996, Pujol aprovechó la clausura del X congreso de Convergencia Democrática, donde fue reelegido presidente del partido con el 94,4 % de los votos, para tratar de recomponer las entonces maltrechas relaciones con el PP.

Sara Jordà: una buena mujer fusilada por el nacionalista Lluís Companys

El semanario Catalunya Cristiana del día de ayer, 26 de octubre de 2014, nos recuerda las heroicidades de Sara Jordà (Figueras, 1895 – Barcelona, 1938): una valiente mujer que durante los últimos años de la República organizó una red para salvar la vida a personas perseguidas por el gobierno nacionalista y republicano de entonces. Obtuvo documentación, firmas, sellos, salvoconductos, etc., y organizó expediciones a través de la frontera con Francia y Andorra, que salvaron la vida a numerosas personas.

Detenida por los soldados republicanos, fue llevada al Castillo de Montjuich (Barcelona) y condenada a muerte por el “Tribunal de Alta Traición”, lo cual requería el visto bueno de Lluís Companys para poder ejecutar la sentencia.

La hija de Sara Jordà, Maria Rosa Tutau, consiguió que un  diplomático del Reino Unido solicitase a Lluís Companys el indulto para su madre, a lo que Companys se negó con frialdad: “Para los traidores no hay piedad”, dijo Companys.

Sara Jordà fue asesinada, así, el 11 de agosto de 1938, en los Fosos de Santa Elena de Montjuich, junto con otras 6 mujeres y 57 hombres, con el visto bueno expreso de Lluís Companys y la denegación del indulto solicitado.

Lluís Companys, que fue amnistiado tras sublevarse en 1934, mediante un golpe de estado, contra la República legítima, negó el indulto a Sara Jordà, mujer valiente que salvó la vida a decenas de personas. Qué otra cosa se puede esperar de Companys: tras su sublevación de 1934, numerosos catalanes solicitaron el indulto de Companys, entre ellos el obispo de Barcelona, monseñor Irurita, quien sería fusilado dos años después –en Montcada, en diciembre de 1936– por las milicias armadas legalizadas cinco meses antes por el propio beneficiario de la solicitud de indulto: Companys.

Por su interés, reproducimos a continuación, íntegramente, la breve nota publicada ayer, 26/Oct/2014, en Cataluña Cristiana, firmada por Francesc A. Picas:

L’11 d’agost de 1938, Sara Jordà va ser afusellada al castell de Montjuïc de Barcelona. Natural de Figueres, als anys de la persecució religiosa va organitzar a Catalunya, en col·laboració amb diferents famílies, una xarxa per salvar de la mort a sacerdots, religiosos i laics cristians perseguits. Els acompanyava ocultament a masies, on els sacerdots hi celebraven missa clandestinament. També organitzava expedicions per passar-los per la frontera cap a França i Andorra.

Sara Jordà, de 43 anys, cristiana audaç, va arriscar la vida en defensa de la fe. Va ser descoberta amb documents, La van detenir i la van portar al castell de Montjuïc. La van condemnar a mort. La seva filla Maria Rosa Tutau, molt jove, va intentar que un diplomàtic britànic, de pas per Barcelona, intercedís per aconseguir l’indult de la seva mare. Companys es va negar a indultar-la. Sara Jordà va ser afusellada al Cementiri de Santa Elena juntament amb altres detinguts, entre ells sis dones. La rambla de Figueres porta des del 1939 el nom de Sara Jordà.

Lluís Companys ha sido mitificado por el nacionalismo catalán y se nos presenta como una víctima de “fascismo”, como el “único presidente democrático de Europa que fue condenado a muerte y ejecutado”. Así el pujolismo le dedica calles y plazas en toda Cataluña. Sin embargo, es preciso recordar que Lluís Companys no fue ninguna víctima, sino más bien verdugo de miles de catalanes.

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Elsa ARTADI VILA

El primero la llevó a la Generalitat cuando era conseller de Economía y la nombró directora general de Tributos y Juego donde creó la famosa lotería de La Grossa. Ya entonces apuntaba maneras de lideresa y sus compañeros la recuerdan muy mandona, enérgica y ambiciosa. Considerada una experta en temas fiscales, su gran salto se lo brinda en bandeja Artur Mas, que la hizo directora de Coordinación Interdepartamental de Presidencia. Una especie de super-jefa de Gabinete con enorme poder sobre todas las consejerías de la Generalitat. En las elecciones autonómicas de noviembre se afilió al PDeCAT y pocos meses después se dio de baja, justo cuando Puigdemont la designó jefa de campaña, lo que provocó un gran malestar en el partido. Su inclusión en la candidatura como número diez por Barcelona y todo el poder para dirigir la campaña cayeron como un aguijón en la dirección convergente

Elsa Atardi ha sido siempre una mujer polémica que tuvo varios enfrentamientos con Artur Mas en su etapa de presidente, pero se ganó la confianza de Puigdemont como gran «fontanera» de la Generalitat hasta convertirse en su mano derecha en el equipo electoral. Atardi fue en la candidatura, lideró los mensajes de campaña y decidía el modo en que los dirigentes de la antigua Convergència participaban en algunos actos aunque no fueran candidatos. El propio Mas, Marta Pascal, Neus Munté o David Bonvehí han estado en un escenario inédito donde, por vez primera, ningún dirigente ha ido en primera línea, a las órdenes de una mujer ya fuera del partido. Los resultados como segunda fuerza más votada la consolidan como el cerebro y la poderosa «dona» del ex president fugitivo. Ella ha movido todos los hilos de la llamada corte de Bruselas.

Con una mentalidad muy americana de sus años en Estados Unidos, Elsa Atardi festeja el Día de Acción de Gracias con sus amigas de entonces frente a un típico pavo con grosella y algunos villancicos. Experta en acuarelas, pinta ella misma unas postales que envía a su familia y amistades. Quién diría que sus años de joven moderna en Washington y Nueva York la llevan luego a ser una activista de la independencia. Su combate contra España no la impidió mantener un jugoso sueldo en la Generalitat de más de ochenta mil euros y comprarse ropa deportiva de afamadas marcas. Le apasiona practicar el yoga en las playas de Sitges y la comarca de El Garraf, de donde es su familia. Su pareja sentimental es Heribert Padrol, un fiscalista que fue diputado de CiU en el Congreso en la legislatura del 2000. A los dos les gusta navegar por la Costa Brava y hacer senderismo en los Pirineos, como claros representantes de esa burguesía catalana con privilegios pero furibundos nacionalistas. Es su doble vara de medir, siempre con el rechazo a todo lo que venga de Madrid. Antiguos compañeros de Atardi aseguran que antes no era tan radical y entienden bastante mal que una mujer tan viajada y con un doctorado nada menos que por la Universidad de Harvard sea ahora la mujer fuerte de un hombre tan gris como Carles Puigdemont. Lo cierto es que ella ha diseñado toda su campaña mediática desde Bruselas y se ha convertido en un azote dialéctico contra España. Así había que verla la noche electoral con su exultante sonrisa y el signo de la victoria soltando diatribas contra Mariano Rajoy en el 155. Viste juvenil, con vaqueros y «pull-over» británico, cuida su melena rubia y esconde la miopía bajo unas gafas de brillante profesora.

Fue la «gurú» económica de la Generalitat y ahora es la gran zarina política del soberanismo. Quienes bien la conocen no dudan de su fuerte personalidad y dotes de mando. En el mundo independentista ha nacido una estrella que dará mucho que hablar.

Apuntes para Ley de Claridad

En 1995, el independentismo quebequés se quedó a apenas unos pocos miles de votos de ganar el segundo referéndum de independencia celebrado en la región canadiense. Al Gobierno federal, que hasta ese momento se había movido entre la ineptitud y la indolencia, no le quedó más remedio que elaborar un documento base para la independencia que pusiera fin de una vez por todas al eterno problema quebequés. El documento fue obra del politólogo Stèphane Dion y recibió el nombre de Ley de Claridad.

La Ley de Claridad no es una ley en sentido estricto y tampoco es especialmente clara. La Ley de Claridad apenas plantea la obligación para ambas partes de actuar de buena fe. Pero es el intento más acabado que se conoce en Occidente de sentar las bases para un referéndum de independencia en países que, como Canadá o España, cuentan con Constituciones que no permiten ese plebiscito.

Durante el debate de la Ley de Claridad se habló de un apartado nuclear que es el que ha frenado (está por ver si definitivamente) las ansias independentistas quebequesas. Es el del reconocimiento de que la independencia del Quebec hipotéticamente segregado de Canadá no debería incluir necesariamente la totalidad de su territorio. Es decir la obligación de permitir la secesión de las regiones que no deseen formar parte del nuevo Estado quebequés y prefieran, en consecuencia, seguir siendo canadienses.

Como en el caso de Cataluña, las regiones que menos entusiasmo han demostrado tradicionalmente por la independencia son las más prósperas, ricas, productivas y dinámicas de Quebec. Y un Quebec mutilado de sus áreas productivas sería poco más que una región intrascendente, con una economía de segunda o tercera fila y política y culturalmente irrelevante.

Nada muy alejado, en definitiva, de lo que es el Quebec actual, del que han huido cientos de empresas a pesar de no haberse consumado la independencia y que ha visto como su antiguo liderazgo económico y político pasaba a manos de otras regiones canadienses, condenándolo a una lenta decadencia.

La Ley de Claridad es, en definitiva, un torpedo en la línea de flotación independentista. Los siguientes nueve puntos no reproducen exactamente las cláusulas de la Ley de Claridad canadiense sino que la toman como base para elaborar un documento de mínimos adaptado a la realidad española. ¿Draconiana? Sí. Pero es lo mínimo cuando lo que se pide es ilegal.

La partición de un Estado democrático no puede ser decidida por mayorías simples o coyunturales. De ahí la necesidad de celebrar dos referéndums de independencia en toda España

1. Reconocimiento público por ambas partes, Gobierno central y regional, de que el ordenamiento jurídico español no permite la secesión, unilateral o negociada, de sus regiones.

2. Reconocimiento público por ambas partes de que la partición de un Estado democrático es un asunto grave que no puede ser decidido por mayorías simples o coyunturales.

2.a. En consecuencia, reconocimiento de que las negociaciones que deberían conducir a la independencia sólo serían posible tras la celebración de dos referéndums nacionales, separados por un mínimo de diez años entre sí y un máximo de veinte, con mayoría en ambos de al menos un 60% de los votos favorables a la secesión en la comunidad autónoma de Cataluña y de un 51% en el resto de España.

3. Reconocimiento de que la potestad exclusiva de convocar referéndums le pertenece en exclusiva al Rey, a propuesta del presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados.

El referéndum ha de ser claro y sus consecuencias, definitivas. No puede ser utilizado como arma de negociación para conseguir ventajas económicas de cualquier tipo

4. La pregunta del referéndum ha de ser única, clara y sin ambigüedades. Las respuestas posibles sólo pueden ser dos: SÍ o NO.

4.a. La pregunta no puede contemplar supuestos alternativos, como la de llegar a acuerdos económicos o políticos con España, que oscurezcan la expresión directa del deseo de los ciudadanos catalanes y españoles. 

5. Reconocimiento de que el resultado de ambos referéndums no es vinculante y que sólo obliga al Gobierno central a negociar los términos concretos en los que se produciría la secesión pero no a concederla necesariamente y en cualquier caso.

6. Reconocimiento de que la secesión de una región de España debería comportar una modificación de la Constitución española, que debería ser aprobada siguiendo los cauces legales establecidos por ella.

7. Los decretos de convocatoria de los referéndums de independencia deberían incluir una serie de cláusulas de obligado cumplimiento para la región secesionista.

7.a. Obligación tras la hipotética secesión de respetar los derechos de los castellanohablantes de la región, que deberían ser exactamente los mismos que los de cualquier ciudadano catalanohablante. Y en especial la de:

7.a.1 No ser sancionados bajo ningún concepto por el uso del español, que sería obligatoriamente cooficial en la Cataluña independiente.

7.a.2 El derecho a ser educados exclusivamente en castellano, si es necesario con una red de escuelas segregada de la red catalanoparlante.

7.a.3 El derecho a que la administración catalana se dirija a ellos en su idioma siempre que ellos así lo soliciten.

La Ley de Claridad debería cortar de raíz cualquier fantasía catalanista de que España y Europa puedan comportarse como "potencias amigas y cooperadoras" tras la independencia. Si se vota independencia, se vota con todas las consecuencias

8. Reconocimiento de que el ordenamiento internacional no permite el derecho de secesión de regiones pertenecientes a Estados democráticos y que, por lo tanto, España vetará cualquier intento de ingreso de la Cataluña independiente en cualquier organismo internacional, incluida la UE, de la que España forme parte en el momento de la secesión. Las autoridades catalanas deberían renunciar explícitamente a presentar recurso alguno al respecto.

9. La secesión supondrá la liquidación inmediata de todas las obligaciones y los vínculos económicos, comerciales, culturales, deportivos, políticos, sociales o en términos de deuda que el Estado español y la UE puedan tener con Cataluña. 

10. La futura Cataluña independizada debe comprometerse a aceptar todos los referéndums de desconexión que cualquiera de sus regiones plantee para la reunificación con España, o de aceptar la posibilidad de que las provincias que hayan rechazado la secesión en cualquiera de los dos referéndums sigan formando parte de España.

 
 
 

Baruch Spinoza (1632-1677) es un filósofo extraño

Baruch Spinoza (1632-1677) es un filósofo extraño. Proscrito por su propia tribu --los judíos holandeses-- y racionalista convencido en un mundo configurado por la religión, su biografía cuenta que tuvo el valor de dejar de acudir a la sinagoga, donde los intérpretes de la ortodoxia mandaban sobre mentes y haciendas ajenas --lo primero siempre conduce a lo segundo--, y se marchó a los suburbios de Ámsterdam, esa Jerusalén del Norte, para dedicarse al oficio de pulir lentes de instrumentos ópticos. Hace falta tener una paciencia infinita para sacarle brillo a un cristal. Tanto como para pensar solo, un vicio imperdonable en una sociedad que, entonces y ahora, se entrega con un raro entusiasmo a los líderes dogmáticos. “El instinto natural de cada hombre no está determinado por la razón, sino por el deseo”, escribe en su Tratado Teológico Político. Su teoría del poder es apasionante pese a que se le haya censurado no ser partidario el voto femenino, una carencia propia del siglo XVII. Hizo acto de contrición en un epitafio inventado: “Escupid sobre esta tumba, aquí yace Spinoza”.

Para el filósofo holandés, “el hombre que se guía por la razón es más libre en el Estado, donde vive según leyes que obligan a todos, que en soledad, donde sólo se obedece a sí mismo”. Sin el Estado, que es una de las formas del pacto social, sólo existe la ley de la selva. Un Estado sano, según su criterio, es aquel donde existe libertad y los ciudadanos no sienten el yugo del poder, cualquiera que éste sea. Spinoza creía en la democracia, pero no se engañaba: la calidad de cualquier método de gobierno depende de la virtud de los hombres que lo administran. El pensamiento spinozista no puede tener mayor actualidad tras el 21D, cuando algunos no terminan de comprender cómo las urnas han terminado avalando --con bastantes matices-- a aquellos que nunca han creído en la democracia. Borges ya dejó dicho que unas elecciones consistían en el abuso de la estadística, lo que lejos de suponer un rechazo categórico al hecho de votar debería entenderse como una advertencia irónica sobre los riesgos de confiar ciegamente el destino de los hombres a la mera supremacía numérica.

El independentismo basa su idea de nación en una paradoja: constituir una comunidad política desde unas raíces que van contra la idea moderna del Estado, ligada a la razón, no a la apetencia natural. Que los nacionalismossean hijos del romanticismo tardío no los convierte necesariamente en ideologías modernas. Los tiempos históricos nunca son rectos. Más bien terminan siendo el resultado imperfecto de la cohabitación de ideas contradictorias. Los nacionalistas no son espíritus racionales. Defender la identidad sentimental como proyecto político implica postular la supremacía del deseo sobre el derecho y sublimar los instintos sin compensarlos debidamente con los deberes. La ética, ante las pasiones, se esfuma.

Estado, democracia, ley y nacionalismo

Un Estado, según Spinoza, se funda por dos razones: “la esperanza de un bien mayor y el temor de un mal mayor”. Es una manera inteligente de encauzar las pasiones tribales. Los nacionalismos, por el contrario, se nutren de su amplificación, aunque con un fin tan prosaico como elaborar inventarios de bienes raíces e instaurar órdenes tributarias. Una democracia no guiada por la razón puede ser formalmente democrática, pero nunca será justa. Sobre todo si hurta a sus ciudadanos de lo que es suyo, ya sea la lengua o la cartera. El poder de la ley, el único aceptable en una sociedad civilizada, es una barrera frente el dogmatismo comunal, cuyo predominio excesivo tiene el peligro de instaurar una forma aceptada de totalitarismo. Salta a la vista: las dictaduras también celebran elecciones.

Spinoza, que básicamente era un ateo realista, no creía que cualquier gobierno democrático sea necesariamente virtuoso ni que la política impida los conflictos. Una comunidad política donde no exista el derecho a pensar o ser distinto, o en la que ambas cuestiones se vean como un problema, no sería democrática aunque votase hasta la lista diaria de la compra. Sobre todo si no respeta el patrimonio común de la convivencia. La democracia racional de Spinoza encauza la voluntad de los hombres y los aleja de las pasiones. Por eso cuando un individuo o un grupo social se rebela contra ella para conquistar ilegítimamente el poder comete un delito aunque la insurrección se presente bajo sonrisas bondadosas. En una democracia racional cada individuo debe pensar y opinar con libertad, pero no puede obrar según su antojo. La obra de Spinoza es un canto a la inteligencia frente a quienes, bien sea en materia religiosa o política, avivan el miedo y predican la falsa esperanza de que para ser felices en un futuro inminente hay que malograr el presente. Sus divagaciones intelectuales nos descubren, muchos siglos después, que casi nada ha cambiado bajo el sol del invierno.

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Daños del Separatismo

Santos Juliá (Ferrol, 1940), historiador, articulista y, por qué no, también divulgador y agitador de debates continuo, habla alto y claro, pero con tiento, porque no quiere perder nunca el matiz. En su despacho en la facultad de Políticas de la UNED en Madrid, rodeado de libros y papeles, Santos Juliá muestra su preocupación por lo que ocurre en Cataluña. Asegura que lo que ha sucedido es que “ha habido una quiebra interna profunda” porque se han dejado de lado “las identidades compartidas, en las que no se negaba ni ser catalán ni ser español”, y que superar eso debería ser la gran prioridad para poder afrontar una reforma constitucional que lograra los grandes consensos que sí se alcanzaron en 1978.

Juliá acaba de publicar el libro Transición (Galaxia Gutenberg) con el objetivo de demostrar la continuidad histórica en España de la idea del acuerdo entre vencedores y vencidos. La aporta Manuel Azaña en 1937, ya avanzada la Guerra Civil, sigue con el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, que culmina en el llamado Contubernio de Múnich, con un verdadero acercamiento entre democristianos y falangistas con republicanos en el exilio. Juliá, en una entrevista con Crónica Global,señala que la voluntad “siempre fue la misma, aunque con algunas diferencias”, hasta llegar a la transición política con las primeras elecciones democráticas en 1977.

Y es que, en aquel momento, se pretendía que las potencias europeas y Estados Unidos forzaran a Franco a buscar una transición. El nuevo intento que llega después es de los comunistas y de la nueva generación, la que protagoniza las revueltas universitarias en 1956, --con algunos padres de futuros dirigentes del PP, como Gabriel Elorriaga-- que ya no piden esa intervención de los países europeos sino que “ponen en marcha un proceso de conquista de espacios de libertad, dentro de las instituciones del régimen”.

La izquierda se deja apropiar la transición

El denominador común es que se reclama un gobierno de concentración, un gobierno de todos. Llega la Transición, como la conocemos ahora, la que culmina con la Constitución de 1978. Y la diferencia es que “no se alcanza ese gobierno de concentración, sino un gobierno que viene del franquismo,aunque la UCD ocuparía ese papel, al concentrar personalidades muy diversas”. Juliá señala que “sólo 18 diputados del grupo parlamentario de la UCD habían sido procuradores en las Cortes franquistas”, aunque añade que muchos otros habían sido directores generales o habían ocupado cargos durante el franquismo.

El hecho es que Juliá rechaza por completo que se deba hablar del “régimen del 78”, y que esa expresión la ha hecho suya en los últimos años los herederos del PCE, de “forma incomprensible”, porque la transición debería formar parte del “haber” del propio PCE y de toda la izquierda española.

“Lo que ha ocurrido es que la Transición se la ha apropiado la derecha, porque la izquierda la ha abandonado, cuando la derecha, en aquel momento, tuvo muchos problemas para aceptar los cambios que se iban produciendo”. Y se indigna cuando se le pide por la posición de Podemos, que ha hecho suya esa expresión del "régimen del 78". “Íñigo Errejón ha llegado a decir que no es 'políticamente productivo' criticar la transición, porque ha visto que el conjunto de españoles siente orgullo de lo que se hizo”, y ahora afirma que fue un éxito, salvo la cuestión territorial, sólo un año después de afirmar lo contrario”.

Rechazo a la transición como pacto del olvido

Ni es régimen del 78, según Juliá, ni se debe decir que fue una apuesta por el olvido y el silencio. “Todo eso no es verdad, se debatió intensamente, durante todo el proceso de elaboración de la Constitución, y después, con publicaciones, congresos, discusiones académicas, simposios... todo ese debate ha estado muy vivo, nunca se ha dejado de lado”.

Sin embargo, Juliá sí ve una decisión que explica, en parte, esa crítica a la transición. Considera que fue Rodríguez Zapatero, al plantear la ley de memoria histórica, “cuando la cuestión de las fosas se pudo resolver con el nombramiento de un juez especial, y medios para identificar a los muertos de todos los familiares que lo pidieran”, quien establece la idea de que la transición no resolvió las cosas. “Al introducir esa ley, se dio pie a una conexión, a la idea de que había una deuda, del reconocimiento de que los vencidos estaban pendientes de una reparación, de que se podía deslegitimar la Transición”.

El error de las alianzas de Zapatero

¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo Cataluña acaba condicionando ahora toda la política española, a punto de unas elecciones que pueden ser cruciales? Santos Juliá asume la pregunta, de nuevo, con la necesaria reflexión sobre el periodo histórico. Asegura que la necesidad de finalizar el libro le ha dejado insatisfecho sobre la parte final, en la que analiza los hechos de septiembre en el Parlamento catalán, y que la reelaborará en breve.

Pero constata que el problema arranca con el socialista Rodríguez Zapatero y el Estatut. “El inicio de la alianza de los socialistas con la izquierda nacionalista, que rompe con la tradicional alianza con el catalanismo conservador lleva a un hecho, y es que en el momento en el que el PSOE pierde la iniciativa, sus aliados entienden que deben abandonar el catalanismo para ir hacia otra cosa, que acaba transformándose en el independentismo. Ahora es fácil decirlo, porque todo podría haber sido diferente, pero haber facilitado aquella alianza, tal y como han ocurrido las cosas, fue un error, porque dio pie a la ruptura”. Juliá se refiere al Pacto del Tinell, en Cataluña, que orilló al PP, y que se replicó en Madrid.

Aprovechar la debilidad del Estado español

¿Y el PP? ¿Se le puede acusar de partido del "no", siempre a la defensiva, o es la izquierda la que siempre busca su reacción, condicionándole con proyectos para erosionarle políticamente? Juliá responde, apostando, de nuevo, por evitar simplificaciones. “Es una conjunción de las dos cosas.Hay que tener en cuenta lo que sucede en 2004. El PP cree que ganará las elecciones y las pierde. Y la posición que toma es que se trata de algo coyuntural, y que puede cambiar la situación si mantiene firme las esencias españolas. Cree que puede montar una contraofensiva contra Zapatero y no le facilita nada al PSOE para iniciar una reforma de la Constitución, cuando era el momento necesario para ello, tras la petición del PSOE de un informe al Consejo de Estado”.

Esa clave es para Juliá determinante. Entiende que el nuevo Estatut, como defendía el PP, “era una reforma de la Constitución por la puerta de atrás”.

Ante eso, la política catalana muta, se transforma. “Lo que ha sucedido en Cataluña ahora es una gran deslealtad constitucional, una deslealtad federal”, que parte, a su juicio, de la voluntad de los políticos nacionalistas de “aprovecharse, en 2015, de la debilidad del Estado español”.  

Reformar todo el título VIII de la Constitución

“Es una anomalía que haya dejado de existir el catalanismo conservador”, afirma el historiador, que se centra en el meollo, a su juicio, de lo que ha ocurrido en Cataluña. “Todo pasaría por reconstruir una coalición con partidos de identidades duales, de pertenencias compartidas, que no nieguen ni ser catalán ni ser español”. Para Juliá, cuando se le pide que profundice en esa posible solución, señala: “Esas identidades compartidas abrían un abanico muy amplio, con una izquierda española que no renuncia al catalanismo, y con catalanes que no niegan que forman parte de un Estado común. Y eso se ha roto. Lo que ha sucedido es que se ha producido una ruptura. No es un problema de un partido contra otro. Lo que indica es una quiebra interna profunda, una quiebra profunda de algo secular”.

¿Solución a corto plazo? “Creo que la solución pasaría por una coalición entre el partido socialista con un catalanismo que no tuviera en su programa la construcción de un Estado nuevo”.

¿Y cómo se logra eso, a pocos días de unas elecciones trascendentes? Ahí Juliá se anima, toma carrerilla y sonríe a carcajadas cuando recuerda una expresión de Azaña, una de sus grandes especialidades. “Es urgente y necesaria una reforma de la Constitución, pero muy bien discutida, con la participación de todos, de la academia, de asociaciones, y, por supuesto, de las comunidades autónomas, que ahora sí --y no en 1978, donde sólo se preparó su construcción-- son poderes del Estado. Y si es preciso, que se incluyan cláusulas específicas, de posiciones diferenciales. Todo el título VIII --el que hace referencia al poder territorial-- debe ser reformado de principio a fin”.

Eso sí, con las definiciones claras, como decía Azaña: “Esto le da la razón a Azaña, la necesidad de precisar, cuando durante la discusión del concepto de Estado integral, incluido en la Constitución republicana, aseguraba que él sabía lo que era un Estado federal, pero no un estado ‘tendencialmente federal’, porque lo que no podía comprender es que algo tienda a ser algo y no llegue a serlo”.